Sebastián Sabini sobre Cardama: «Estamos ante un fraude gigantesco»

15 de octubre de 2026

El senador del MPP Sebastián Sabini repasó ante la Asamblea General las conclusiones de la investigadora sobre Cardama y apuntó a las decisiones tomadas durante el gobierno anterior: una empresa sin experiencia ni respaldo suficiente, exigencias técnicas que se redujeron sin explicación, advertencias desoídas y once meses de prórrogas para constituir las garantías. «Las alertas se prendieron, pero no fueron escuchadas», afirmó.

«Estamos ante un fraude gigantesco», con esa definición, el senador Sebastián Sabini cerró su intervención ante la Asamblea General durante el tratamiento de los resultados de la comisión investigadora sobre la contratación del astillero Cardama.

Sabini sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar si existen responsabilidades civiles o penaless, pero planteó que el trabajo parlamentario permitió reconstruir una sucesión de decisiones difícil de explicar: se contrató a una empresa que no tenía experiencia construyendo este tipo de buques, se redujeron las exigencias técnicas, se extendieron durante meses los plazos para presentar garantías y desoyeron advertencias de distintos organismos.

El Frente Amplio cumplió primero y después encontró la garantía

Sabini comenzó por responder a uno de los argumentos que la oposición utilizó durante estos meses, que es que el actual gobierno efectuó pagos a Cardama después de asumir.

Para el senador, la explicación es sencilla, el Frente Amplio recibió un contrato vigente firmado por el Estado uruguayo y comenzó cumpliendo con las obligaciones asumidas. «Desde marzo de 2025 nuestro gobierno, el gobierno del Frente Amplio, lo primero que hizo fue honrar los compromisos del Estado uruguayo», señaló.

La situación cambió a medida que comenzó a conocerse nueva información. Fue entonces cuando el gobierno constató que una de las garantías presentadas era falsa y que el domicilio informado correspondía a una inmobiliaria. Sabini calificó ese documento como un «artilugio para un fraude millonario al Estado uruguayo».

Para el senador, eso también explica por qué el actual gobierno continuó inicialmente ejecutando el contrato: respetó las obligaciones que había heredado hasta que encontró elementos que mostraban que algo estaba profundamente mal.

Una empresa sin experiencia para un contrato millonario

Uruguay necesita patrulleras oceánicas, en eso, afirmó Sabini, no existe discusión. Lo que sí está en discusión es cómo se llegó a elegir a Cardama.

Según planteó, la empresa seleccionada «no tenía experiencia, no tenía capacidad, no tenía fondeo» suficiente para asumir una contratación de esa magnitud.

Sabini utilizó una comparación directa para explicar por qué el precio ofrecido también debía haber encendido las alarmas: «si uno entra a MarketPlace y le dicen que un IPhone 17 sale 3.000 pesos, ¿usted no desconfiaría?», preguntó.

Y trasladó la misma duda al contrato de las patrulleras: «¿Cómo es posible que el astillero Cardama construya dos OPV por la mitad por el precio de una? ¿Cómo es posible? Esto no se explicó nunca».

Para Sabini, el problema no era solamente que Cardama ofreciera un precio sensiblemente menor, la pregunta era por qué esas condiciones no llevaron a extremar los controles antes de comprometer decenas de millones de euros del Estado.

Las exigencias bajaron y nunca se explicó por qué

Otra de las decisiones sobre las que Sabini puso el foco fue el cambio en las condiciones técnicas de la compra. En 2022, los técnicos de la Armada habían elaborado alrededor de 80 requisitos obligatorios, cuando se abrió el procedimiento que terminó con Cardama contratado, esas exigencias se redujeron, «nunca se explicó por qué, no quedó registrada una explicación de ese cambio», sostuvo.

Además, señaló que los técnicos que habían participado en la elaboración de las condiciones anteriores no fueron consultados ni formaron parte de la nueva evaluación.

Para Sabini, esa es una de las grandes preguntas centrales que dejó la investigadora: por qué se bajaron las exigencias en el procedimiento que terminó con la contratación de Cardama y por qué esa decisión no quedó debidamente fundamentada.

Las advertencias estaban arriba de la mesa

La intervención puso especial énfasis en el punto de que los problemas no aparecieron recién cuando asumió el Frente Amplio, había advertencias previas.

Sabini señaló que durante el procedimiento existieron observaciones que afectaban la igualdad entre oferentes, la transparencia y la buena fé, y sostuvo que las autoridades contaban con elementos suficientes para revisar el camino que estaban siguiendo antes de continuar comprometiendo recursos públicos.

También recordó que el Banco Central había recomendado contratar asesoramiento especializado para anlizar la solvencia de las instituciones que emitirían las garantías, y «tenía razón el Banco Central», afirmó.

A eso sumó las advertencias realizadas por el estudio jurídico contratado por el propio Ministerio de Defensa Nacional, que había marcado las demoras constantes de Cardama para construir la garantía de fiel cumplimiento.

Las señales, por tanto, estaban. La discusión política que planteó Sabini es por qué no fueron atendidas.

Sin garantía no había contrato

El contrato establecía como obligaciones escenciales la garantía de reembolso y la garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, el plazo original para presentar esas garantías era de 45 días y terminó extendiéndose durante once meses.

«¿A nadie le llamó la atención que después de 11 meses de no poder constituir la garantía esta empresa iba a cumplir con los plazos?», preguntó.

Para el senador, una vez comprobado que la garantía era falsa, al actual gobierno le quedaba un camino claro, «¿qué otro camino tenía nuestro gobierno si no era rescindir el contrato? Porque sin garantía no hay contrato», sostuvo.

Una necesidad real no habilita cualquier contratación

Sabini insistió en que Uruguay necesita patrulleras para proteger sus aguas y sus recursos estratégicos. Pero esa necesidad, sostuvo, no puede utilizarse para justificar cualquier procedimiento ni para dejar de lado las garantías que deben proteger los recursos públicos.

«La solución no puede ser a costa de pasarle por encima a las normas o de ir a una bicicletería a pedirle que te construya un tanque de guerra», afirmó, y agregó «a una empresa que factura 9 millones de dólares al año no se le puede entregar un contrato de 90 millones de dólares».

Para Sabini, la necesidad de contar con las OPV debía haber llevado justamente a mayores controles y no a relajar las condiciones.

Hasta el informe contratado por el gobierno anterior encendió las alarmas

Sobre el final, Sabini se detuvo en el informe de Bureau Veritas. Según las conclusiones que leyó en sala, no había evidencia de que el astillero hubiera presentado el proyecto técnico definitico ni solicitado determinados permisos, y existían observaciones respecto a la compartimentación de los buques.

El informe estableció además que, cuando se realizó la inspección, se había construido aproximadamente el 43% del acero previsto cuando el avance esperado superaba el 70%, por lo que la construcción acumulaba unos cinco meses de atraso.

Sabini destacó además un dato político, ese informe independiente no fue entregado por el Frente Amplio, sino durante el período anterior. «¿Esto también lo dice el gobierno del Frente Amplio? No», señaló.

Y agregó que el actual gobierno estaba constatando las conclusiones de «un informe independiente que contrató el gobierno pasado».

La Justicia tendrá la última palabra

Sabini evitó adjudicar responsabilidades penales desde el Parlamento. «Partimos de la base de la inocencia y la buena fé», afirmó, y sostuvo que corresponde a la Fiscalía y a la Justicia establecer si las conductas investigadas configuran delitos.

En conclusión, hubo una empresa sin antecedentes suficientes para una compra de esa escala, hubo requisitos que se redujeron, hubo demoras extraordinarias para presentar garantías, hubo advertencias técnicas y jurídicas, hubo documentación falsa, y hubo un contrato que siguió adelante.

Por eso, para Sabini, el problema ya no puede explicarse diciendo que nadie podía saberlo, «estamos ante un fraude gigantesco, y ha quedado claro que las alertas se prendieron, pero no fueron escuchadas».